Las soluciones tecnológicas vinculadas con la creación de Smart Cities y el cambio social aparejado podrían ser la palanca de cambio definitiva para luchar contra el COVID-19 y los contagios por otras enfermedades zoonóticas, así como para mitigar posibles riesgos derivados de movimientos de masas o situaciones provocadas por efectos naturales.
La creación de una ciudade inteligente o smart city supone la identificación de los activos, la atomización de los procesos y la creación de módulos operacionales de funcionamiento autónomo, aunque interconectados de manera que se refuercen entre sí creando una trama socio-tecnológica que optimice los flujos e impulse los mercados. Este sistema complejo acompañado del todo conectado (IoE) y de sistemas basados en el concepto de AI, permiten prevenir
La crisis mundial derivada de la propagación del COVID-19 expone a los estados a la necesidad de afrontar de manera urgente el reto de compartir de forma solidaria sus recursos para combatir esta nueva amenaza con capacidad de diezmar la población y dañar gravemente los mercados. Los contagios actuales y futuros de posibles mutaciones de este u otros virus y las transmisiones internacionales de cepas con resistencia a fármacos, ponen de relieve que las políticas estancas y desconectadas de los estados a la hora de impulsar y desarrollar soluciones tecnológicas son insuficientes y contraproducentes en un mundo globalizado.
Durante las últimas semanas, empresas y estados han desarrollado y publicado cientos de aplicaciones relacionadas con COVID-19. Las finalidades de estas son de lo más dispares: informativas, servicios de auto-diagnóstico, geolocalización continua, advertencias de proximidad o control de cumplimiento de la cuarentena. Por lo general, estas aplicaciones han sido desarrolladas de forma autónoma por empresas o gobiernos, sin prever la necesidad de interrelacionar los datos o segurizarlos, sin disponer de sistemas de anonimización o sin siquiera haber previsto un sistema de evaluación de su eficacia. Muchas de ellas no han sido desarrolladas con seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto; y es difícil encontrar alguna que cumpla lo deseable, desde el punto de vista europeo, en relación con la protección de los derechos y libertades fundamentales. Es decir, nos encontramos con una matriz de aplicaciones que no ofrecen, en su conjunto, seguridad ni garantía alguna en relación con su eficacia para contener la dispersión del virus o prever sus movimientos.
La solución sobre la que se debe trabajar debe estar ligada con una armonización de políticas en relación con el uso de las nuevas tecnologías para combatir eficazmente esta y otras amenazas futuras. Debemos avanzar hacia el ideal de un sistema global hermanado a través del cual se garantice la seguridad actual y futura de los ciudadanos, mediante el despliegue de medidas tecnológicas que analicen datos de bases interconectadas, contengan las amenazas, sirvan para predecir movimientos y ayuden a evitar o mitigar los riesgos. La limitación de derechos y libertades fundamentales que el mantenimiento de estas medidas puede suponer, ha de estar naturalmente justificada y ser proporcionada, además de ofrecer la debida seguridad y garantizar la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales.
Los desarrollos tecnológicos que surjan de esta necesidad conjunta se desplegarán a través de aplicaciones de forma acorde con el riesgo que se deba mitigar en cada momento. Los teléfonos móviles, pulseras y teléfonos conectados probablemente sean los primeros destinatarios de estas aplicaciones listas para su activación y, en especial, las que basen su funcionamiento en sistemas de proximidad con bluetooth de bajo consumo (Bluetooth Low Energy o BLE).
El despliegue actual de la tecnología en los hogares de las personas, en los medios de transporte y en las ciudades inteligentes (smart cities), debería poner sobre la mesa la oportunidad de pensar en dispositivos diferentes a los tradicionales, de manera que puedan aprovecharse las soluciones ya existentes de obtención de datos, como los tornos de acceso, las cámaras de videovigilancia, las balizas electrónicas o los semáforos con sistemas de reconocimiento de vehículos y peatones, entre otros. Sin duda, será útil generar nuevas aplicaciones con enfoque paneuropeo, pero siempre que no se olvide el hecho de que ya existen infinidad de terminales y dispositivos de captación de datos para finalidades compatibles de las que, a pesar de su finalidad económica de la extracción en origen, podrían ser migrados los datos para finalidades ulteriores relacionadas con la salud pública.
Un hecho social importante que se debe tener en cuenta es que las aplicaciones de obtención masiva de datos requieren, por lo general, la confianza de la persona cuyos datos van a ser tratados. De hecho, el ciudadano no solo merece poder confiar en estas soluciones, sino que, además, la normativa europea de protección de datos personales exige que se le informe de manera completa y clara sobre los fines del tratamiento a los que se destinen sus datos. La información, además, ha de ser entregada de forma forma exhaustiva, periódica y fácil de comprender, para estas finalidades. Así, además, se conciencia al ciudadano y se le convierte en una persona más responsable y, potencialmente, en un generador de ideas y soluciones que quiera participar activamente en los debates sobre esta materia.
La confianza exige también un esfuerzo adicional por parte de los responsables a la hora de segurizar los desarrollos con las mejores medidas de seguridad según el estado de la técnica, que garanticen la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos. Estas medidas de seguridad, debidamente mantenidas y actualizadas, previenen también brechas de seguridad y fugas de datos. Por otro lado, las revisiones constantes del flujo de datos, junto con la gestión adecuada de buenas prácticas aplicadas a los tratamientos mitigan el riesgo de que se generen inexactitudes o que se compartan bases de datos corruptas o manipuladas.
La seguridad mantenida en las soluciones, junto con políticas adecuadas de concienciación, información y capacitación ciudadana mejorarían la confianza en las aplicaciones y, con ello, su eficacia.
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