Artículo redactado por David Maeztu (@davidmaeztu), abogado y socio de Abanlex.
Como cada mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado, presenta su Memoria correspondiente al año judicial 2015 (pdf o versión navegable).
Desde hace unos años, contiene un apartado específico para la delincuencia informática, así que es posible ver la evolución que de este tipo de delitos se va produciendo en España.
Lógicamente, a medida que se incrementa el uso de tecnología por la sociedad, más impacto tiene en las cifras, por una cuestión de pura lógica.
La Memoria de este año (2016) recoge, además, las modificaciones, con una mejor adaptación a las conductas de los delincuentes en Internet, que se introdujeron en la reforma del Código Penal de 2015, como, por ejemplo, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos, la interceptación de transmisiones de datos entre sistemas (artículo 197.bis.2) y el abuso de dispositivos (artículo 197 ter y 264 ter), la cesión inconsentida de imágenes de carácter íntimo (artículo 197.7) y del acoso a través de medios de comunicación (artículo 172 ter) o en los delitos contra la propiedad intelectual, así como en los delitos de pornografía infantil (artículo 189) y otras conductas que se han tipificado o modificado su definición o sanciones.
El incremento en el número de delitos tipificados se corresponde con un mayor número de procedimientos judiciales. Pero no solo eso, sino que la propia evolución social hace que asistamos a un incremento sostenido.
Así, durante 2015 se incoaron 22.575 procedimientos. Un 9,93% más que en 2014 (20.534).
La evolución según las Memorias ha sido de 6532 procedimientos en 2011 a 22.575 en 2015, es decir, un 245,61% en 5 años. Sin embargo, es llamativo que el incremento entre los datos de 2014 y 2015 haya sido solo de un 9%, pues el ritmo interanual había sido hasta entonces del 21.82% entre 2011 y 2012, del 50,68% entre 2012 y 2013 y de un espectacular 71,26% entre 2013 y 2014.
Por lo tanto, crecen los delitos informáticos pero a un ritmo mucho menor de lo anterior, y, como anticipa la propia fiscalía, habrá un índice menor en sucesivos años por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
«[…] la entrada en vigor de la reforma procesal operada por ley 41/2015 de 5 de octubre, ha determinado que en muchos de los territorios provinciales, los cuerpos policiales desde primeros de diciembre del pasado año, dejaran de remitir a los órganos judiciales, por disposición del nuevo artículo 284.2 LECrim, aquellos atestados en los que no constara autor conocido y no concurriera ninguna de las excepciones previstas en ese mismo artículo. Son diversas las Fiscalías que atribuyen a esta circunstancia el descenso, a partir del mes de diciembre, en el volumen de copias de atestados policiales recibidos y, en consecuencia de procedimientos judiciales incoados, lo que explicaría la «ralentización» en ese último periodo del ritmo anual de nuevas incoaciones.»
Hay que señalar, también como la propia memoria reconoce, que muchos de los delitos de este tipo no son registrados en los sistemas, pero por la existencia de «criminalidad oculta», esto es, de delitos que, por motivos diversos, no llegan a denunciarse ni a la Policía ni a las Fiscalías o Juzgados.
Por tipo de delitos de diligencias incoadas (esto es, se denuncia, pero no necesariamente se llega a juicio), desde 2011, tenemos el siguiente cuadro, que como se ve nos muestra a las estafas como un auténtico problema de primer orden, con 18201 expedientes en 2015, 17328 en 2014, 9663 en 2013, 5992 en 2012 y 4204 en 2011.
De hecho, hay que quitar los datos de las estafas para que se pueda apreciar como de frecuentes son el resto de conductas típicas.
La explicación para tal nivel de estafas tiene que ver con las denuncias que se interponen para los seguros por el phising, el cifrado por ransomware y este tipo de conductas. Estos datos implican que se denunció una estafa cada 2 horas en España, con la avalancha de ransomware. Es muy probable que estos datos sigan su aumento, que, entre 2011 y 2015, ha sido de un 432%.
De hecho, las estafas han venido representando casi siempre más del 80% del total de delitos informáticos denunciados. Aunque el aumento es menor en el periodo 2014-2015 respecto de la casi duplicación que hubo entre 2013-2014 (17328 frente a 9663), siguen siendo números muy elevados.
En este sentido, recuerda la fiscalía que:
«Se trata de acciones ilícitas de naturaleza muy diversa, cada una de las cuales presenta dinámicas delictivas específicas y también problemas diferentes en su investigación y en la determinación de sus autores y cuya distinción a efectos estadísticos no estamos por el momento en condiciones de llevar a efecto. Entre ellas, el volumen más relevante lo integran las estafas informáticas, en sentido estricto, sancionadas en el apartado 2.o del citado artículo 248, en el que se encuadran tanto las transferencias inconsentidas de activos patrimoniales realizadas mediante manipulaciones informáticas o combinando las mismas con técnicas de ingeniería social (phising, pharming etc.) como las defraudaciones llevadas a efecto mediante la utilización irregular de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje o de sus numeraciones, en perjuicio de sus legítimos titulares, acciones estas últimas, conocidas vulgarmente con el nombre de carding.»
Y además, son investigaciones que presentan más dificultades en su investigación y con pocos resultados, puesto que, en general, se desarrollan desde terceros países, siendo la cooperación judicial y policial internacional muy baja por el momento.
Como se ha dicho, muchos de estos delitos no se terminan llevando a juicio, por lo que el total de escritos de acusación presentados por los fiscales ha sido de 1.242 (un ligero descenso desde los 1.275 del año pasado), siendo las estafas las que se llevan un 40% de ese total (508), que contrasta con el porcentaje de las denunciadas. Sucede que en el caso de pornografía infantil se presentaron 251 escritos acusatorios, que representan un porcentaje más significativo de los totales. Esto evidencia, lógicamente, el mayor impulso a la investigación de este tipo de hechos.
Con la publicación de esta memoria vamos teniendo una mejor visión de como evolucionan los delitos y como, una año más, el volumen de estafas informáticas crece hasta unos números que asustan. Cada vez se evidencia más que, para contribuir a una mejor seguridad jurídica, son necesarios profesionales (jueces, fiscales y abogados) que tengan nociones de la materia, con el fin de poder ofrecer respuesta al reto que la informática, también en el terreno penal, supone.