Abanlex Abogados

El 29 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó con carácter definitivo el Proyecto de Ley 621/000031 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de consumidores y usuarios. Entre otras cosas, esta nueva ley pone en jaque a las llamadas telefónicas con fines publicitarios, conocidas como spam telefónico o telemarketing agresivo. Así, España cumple con retraso su deber de incorporar al Derecho español la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión de 11 de Mayo de 2005, cuya transposición, a tenor de lo dispuesto en su artículo 19, estaba prevista para el 12 de junio de 2007.

El artículo 29 del proyecto reproduce el apartado 26 del Anexo I de la Directiva mencionada, y considera como una práctica desleal el realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, imponiendo al empresario las obligaciones de establecer sistemas que permitan al destinatario manifestar su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales, y, en los casos en que se realice por teléfono, de realizar las llamadas desde un número de teléfono identificable. Esto significa que seguiremos recibiendo llamadas intempestivas informándonos acerca de las ventajas de abrir una nueva cuenta corriente, o de cambiar de tarifa o de operador de telefonía móvil. Pero ahora, tendrán la obligación de permitir que expresemos nuestro deseo de que se abstengan de remitirnos cualquier tipo de información comercial en el futuro. De no hacerlo, el empresario o profesional estaría incurriendo en una conducta ilegal, calificada por el legislador como práctica agresiva por acoso… [leer más]

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• Autor: Carmen Camblor

La adhesión de Abanlex, S.L. al Sistema Arbitral de Consumo supone una garantía para el consumidor y usuario y la oferta de un servicio adicional rápido y eficaz de resolución de posibles conflictos.

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos. Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.

Solicitud de arbitraje de consumo:

• El solicitante ha de ser consumidor o usuario. Las empresas están excluidas.
• El proceso se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje, que puede presentarse en la Junta Arbitral de Consumo directamente o a través de una Asociación de Consumidores.
• Fase previa de mediación para tratar de resolver el conflicto amistosamente (6 meses).
• Fase de contestación de la solicitud, presentación de pruebas, documentos… En cualquier momento antes de que finalice la audiencia, las partes podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación.
• El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada.
• Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

La firma de abogados Abanlex colabora con el CNCCS a través de su socio Pablo Fdez. Burgueño, quien participa en la Comisión de Bloggers con influencia en materia de cyberseguridad en Internet.

El Consejo Nacional Consultivo de CyberSeguridad es una iniciativa privada que nace el mes de mayo de 2009 fruto del acuerdo de los líderes de la industria de seguridad española (Panda Security, S21sec, Secuware e Hispasec) para hacer más segura Internet y las redes de Información a la vez que potenciar la innovación y el crecimiento económico.

El Consejo centra su actividad en iniciativas que ayuden a:

• La protección de identidad de los consumidores
• La protección de infraestructuras críticas
• La creación de leyes nacionales contra el cybercrimen
• La protección de la información corporativa
• La evolución de la estructura gubernamental desde el foco del ámbito físico al del cyberespacio
• La mejora y el apoyo, desde el punto de vista del Consejo, de la prosperidad económica y la seguridad nacional

A medio plazo, los objetivos del CNCCS son:

1. Crear un Plan de Seguridad Europeo
2. Crear un Plan de Seguridad Nacional para proteger especialmente las infraestructuras críticas
3. Crear un centro de certificación en Inteco

Imagen cedida por Ivan Prole

El 19 de enero de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia publicó un informe valorando el sistema de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual en España. El mismo no habría tenido mayor trascendencia si no fuese por el hecho de que, tras el meticuloso estudio del funcionamiento de estas sociedades y de la regulación que hace de su actividad la Ley de Propiedad Intelectual, la CNC arremetiera sin tapujos contra las sociedades de gestión en general y especialmente contra la SGAE, a la que tacha de mantener una “posición monopolística”, entre otras cosas y a su vez ataca a la Ley de Propiedad Intelectual, recomendando una modificación urgente de la misma.

Lo más destacado de este informe es sin duda la abierta manifestación que hace la CNC sobre el carácter monopolista de la SGAE, más aún si tenemos en cuenta que hacía menos de una semana que la SGAE había vuelto a estar en boca de todos tras su exigencia a las peluquerías de L’Hospitalet de Llobregat del pago de una tarifa mensual por la música que se escucha en sus locales. El informe no se refiere sólo a la SGAE, sino también a las otras 7 sociedades de gestión de derechos de autor que existen en España (DAMA, CEDRO, VEGAP, AGEDI, EGEDA, AIE, y AISGE), sin olvidar que es precisamente la Sociedad General de Autores y Editores la de mayor envergadura y la que más dinero gestiona de estas entidades… [leer más]

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Imagen cedida por Artem Chernyshevych

El pasado jueves 4 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la jornada informativa “La Ley e Internet”, organizada por iniciativa del periodista D. Fernando Jauregui. En la misma, especialistas en materia de derecho de las telecomunicaciones, representantes de grupos parlamentarios, responsables de redes sociales, medios de comunicación digitales, abogados y otros profesionales se reunieron para debatir sobre la normativa vigente que regula las relaciones entre usuarios en Internet y proponer varios cambios legislativos y prácticos.

Miembros del gobierno y representantes del poder judicial español comenzaron debatiendo acerca de la importancia de concienciar a los usuarios sobre el correcto uso de Internet, tutelar e informar a los menores sobre sus riegos y peligros, e hicieron una mención especial a la nueva amenaza que supone para el derecho a la intimidad, la llegada del denominado “periodista ciudadano”. En mesas de 5 ó 6 ponentes fueron alternándose las opiniones de D. Javier Rojo, Presidente del Senado; D. Antonio Hernández-Gil, Decano del ICAM; D. Juan Carlos Campo, Secretario de Estado de Justicia; Artemi Rallo, Director de la AEPD; Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías; Natalia Martos Díaz, Directora Jurídica de Tuenti; Javier Martínez Bavière, responsable del departamento legal de Google; Ernesto Estevez, de Cadena SER; Manuel Angel Menéndez, de Diariocrítico; Icaro Moyano, de Tuenti; y el abogado Javier de la Cueva, entre otros.

Durante la jornada se analizaron algunos delitos on line y se manifestó la necesidad de una regulación más eficaz y específica, así como de unos organismos más eficaces con más y mejores medios para propiciar la persecución de conductas delictivas. Asimismo, se habló largo y tendido sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, más conocida como “Ley Sinde”, a la que en general se criticó duramente por la falta de concreción en su redacción, gran cantidad de vacíos legales y la poca efectividad que los especialistas prevén que vaya a tener su aplicación como consecuencia de los órganos a los que la propia ley atribuye la competencia para aplicar sus preceptos. Hubo una voz casi unánime a la hora de solicitar al Gobierno que abandonara este anteproyecto.

Como acto de clausura del seminario, el Excelentísimo Señor Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, agradeció las aportaciones realizadas durante la jornada a todos los invitados, haciendo hincapié en la importancia de escuchar a los expertos y a la opinión popular para la elaboración y mejora de las leyes. Insistió por último en la importancia del respeto a la Constitución, a los derechos en ella recogidos, a la libertad para todas las personas en todos los ámbitos, a la justicia y al desarrollo moral y cultural de la sociedad, y animó a todos a trabajar juntos para plasmar estas ideas en propuestas y prácticas que ayuden a mejorar el entorno de Internet y a presentarlo como un medio seguro, libre y universal para que, como dijo en la inauguración del acto su anfitrión D. Fernando Jauregui, entre todos podamos “hacer legalmente normal lo que es normal en la red”.