Abanlex Abogados

La adhesión de Abanlex, S.L. al Sistema Arbitral de Consumo supone una garantía para el consumidor y usuario y la oferta de un servicio adicional rápido y eficaz de resolución de posibles conflictos.

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos. Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.

Solicitud de arbitraje de consumo:

• El solicitante ha de ser consumidor o usuario. Las empresas están excluidas.
• El proceso se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje, que puede presentarse en la Junta Arbitral de Consumo directamente o a través de una Asociación de Consumidores.
• Fase previa de mediación para tratar de resolver el conflicto amistosamente (6 meses).
• Fase de contestación de la solicitud, presentación de pruebas, documentos… En cualquier momento antes de que finalice la audiencia, las partes podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación.
• El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada.
• Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

La firma de abogados Abanlex colabora con el CNCCS a través de su socio Pablo Fdez. Burgueño, quien participa en la Comisión de Bloggers con influencia en materia de cyberseguridad en Internet.

El Consejo Nacional Consultivo de CyberSeguridad es una iniciativa privada que nace el mes de mayo de 2009 fruto del acuerdo de los líderes de la industria de seguridad española (Panda Security, S21sec, Secuware e Hispasec) para hacer más segura Internet y las redes de Información a la vez que potenciar la innovación y el crecimiento económico.

El Consejo centra su actividad en iniciativas que ayuden a:

• La protección de identidad de los consumidores
• La protección de infraestructuras críticas
• La creación de leyes nacionales contra el cybercrimen
• La protección de la información corporativa
• La evolución de la estructura gubernamental desde el foco del ámbito físico al del cyberespacio
• La mejora y el apoyo, desde el punto de vista del Consejo, de la prosperidad económica y la seguridad nacional

A medio plazo, los objetivos del CNCCS son:

1. Crear un Plan de Seguridad Europeo
2. Crear un Plan de Seguridad Nacional para proteger especialmente las infraestructuras críticas
3. Crear un centro de certificación en Inteco

Imagen cedida por Artem Chernyshevych

El pasado jueves 4 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la jornada informativa “La Ley e Internet”, organizada por iniciativa del periodista D. Fernando Jauregui. En la misma, especialistas en materia de derecho de las telecomunicaciones, representantes de grupos parlamentarios, responsables de redes sociales, medios de comunicación digitales, abogados y otros profesionales se reunieron para debatir sobre la normativa vigente que regula las relaciones entre usuarios en Internet y proponer varios cambios legislativos y prácticos.

Miembros del gobierno y representantes del poder judicial español comenzaron debatiendo acerca de la importancia de concienciar a los usuarios sobre el correcto uso de Internet, tutelar e informar a los menores sobre sus riegos y peligros, e hicieron una mención especial a la nueva amenaza que supone para el derecho a la intimidad, la llegada del denominado “periodista ciudadano”. En mesas de 5 ó 6 ponentes fueron alternándose las opiniones de D. Javier Rojo, Presidente del Senado; D. Antonio Hernández-Gil, Decano del ICAM; D. Juan Carlos Campo, Secretario de Estado de Justicia; Artemi Rallo, Director de la AEPD; Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías; Natalia Martos Díaz, Directora Jurídica de Tuenti; Javier Martínez Bavière, responsable del departamento legal de Google; Ernesto Estevez, de Cadena SER; Manuel Angel Menéndez, de Diariocrítico; Icaro Moyano, de Tuenti; y el abogado Javier de la Cueva, entre otros.

Durante la jornada se analizaron algunos delitos on line y se manifestó la necesidad de una regulación más eficaz y específica, así como de unos organismos más eficaces con más y mejores medios para propiciar la persecución de conductas delictivas. Asimismo, se habló largo y tendido sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, más conocida como “Ley Sinde”, a la que en general se criticó duramente por la falta de concreción en su redacción, gran cantidad de vacíos legales y la poca efectividad que los especialistas prevén que vaya a tener su aplicación como consecuencia de los órganos a los que la propia ley atribuye la competencia para aplicar sus preceptos. Hubo una voz casi unánime a la hora de solicitar al Gobierno que abandonara este anteproyecto.

Como acto de clausura del seminario, el Excelentísimo Señor Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, agradeció las aportaciones realizadas durante la jornada a todos los invitados, haciendo hincapié en la importancia de escuchar a los expertos y a la opinión popular para la elaboración y mejora de las leyes. Insistió por último en la importancia del respeto a la Constitución, a los derechos en ella recogidos, a la libertad para todas las personas en todos los ámbitos, a la justicia y al desarrollo moral y cultural de la sociedad, y animó a todos a trabajar juntos para plasmar estas ideas en propuestas y prácticas que ayuden a mejorar el entorno de Internet y a presentarlo como un medio seguro, libre y universal para que, como dijo en la inauguración del acto su anfitrión D. Fernando Jauregui, entre todos podamos “hacer legalmente normal lo que es normal en la red”.

La reciente polémica creada por algunas peluquerías catalanas al unirse para evitar pagar la cuota que les exige la SGAE por poner música en sus establecimientos ha suscitado un debate que fue recogido ayer en Radio Nacional de España y en el que participó como invitado un representante de Abanlex Abogados.

El programa de la tarde de RNE 5, “La tarde en vivo”, dirigido por Raul Heitzman y Alejandra Martínez, contó ayer con la intervención de Pablo Fdez. Burgueño, socio del despacho, para aclarar los aspectos legales que permiten a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) exigir una cuota mensual a las peluquerías por la comunicación pública de determinadas obras musicales que realizan en sus locales.

Los motivos que permiten a la SGAE a exigir el pago, los fundamentos jurídicos que justifican la licitud de la cuota y otros temas tratados en Radio Nacional pueden leerse en el blog del socio de la firma y escucharse en el podcast de la cadena de radio.

Abanlex Abogados cuenta con un área especializada en Propiedad Intelectual con profesionales experimentados en los temas relacionados con el funcionamiento, derechos y obligaciones de la SGAE así como del resto de sociedades de gestión de derechos de autor.

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